UPyD exije dimisiones ante el caso de Las Navas del Marqués

Unión Progreso y Democracia exige la inmediata dimisión de la actual vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León María Jesús Ruiz, tras haber sido implicada en un supuesto delito de prevaricación por el Fiscal Jefe de Ávila en el caso ‘Ciudad del Golf’ en Las Navas del Marqués.

UPyD considera que la vicepresidenta ha quedado ya deslegitimada políticamente para la función pública de su cargo a pesar de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, haya decidido apresuradamente archivar la causa en un procedimiento que, como ha argumentado la Fiscalía, se ha desarrollado sin el desarrollo de una actividad instructora suficiente.

El partido que lidera Rosa Díez manifiesta su respeto al proceso judicial abierto pero subraya que es muy significativo que el Tribunal haya reconocido que la actuación de la consejera es ‘cuanto menos, discutible’. Por eso insta al actual Ejecutivo regional, y en particular a su presidente Juan Vicente Herrera, a que depure responsabilidades políticas en un asunto que cuestiona la credibilidad de las actuaciones de la administración territorial, máxime si se tiene en cuenta que las otras tres causas abiertas por la Fiscalía podrían acabar probando las irregularidades cometidas en la recalificación de los terrenos.


La Coordinadora Territorial de UPyD en Castilla y León recuerda que el procedimiento continúa su curso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila para los imputados no aforados, centrado en la actividad de la Comisión Territorial de Urbanismo que aprobó los instrumentos de planeamiento, y en el alcalde popular de Las Navas del Marqués Gerardo Pérez así como en el secretario del consistorio navero para los que el fiscal jefe de Ávila ha solicitado penas de inhabilitación especial.



UPyD desea poner de manifiesto que el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya decidido archivar la causa de implicación de la vicepresidenta María Jesús Ruiz no la exime de asumir sus responsabilidades como máximo responsable medioambiental de la Comunidad. La dimisión no sería en ningún caso una confesión anticipada de culpa o una prueba de cargo. El objetivo último de la renuncia no es otro que salvaguardar la credibilidad y la transparencia de la Junta de Castilla y León en un grave asunto que compromete políticamente a la Consejería de Medio Ambiente después de haber recalificado como suelo urbano una zona de especial protección para las aves (ZEPA), lugar de interés comunitario LIC de los pinares del bajo Alberche e incluido en el área de importancia para la cigüeña negra.

La supuesta elaboración de informes contrarios a los emitidos inicialmente por los técnicos, que reconocían la protección medioambiental de la zona, es un hecho lo suficientemente embarazoso como para que se salde sin una conveniente depuración de responsabilidades y sin una sola dimisión de los implicados.

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