PODEMOS VILLAQUILAMBRE SE SUMA A LAS REIVINDICACIONES DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DE CENTROS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LEÓN
La formación morada respalda la petición de la Junta de Personal Docente de primar el
criterio sanitario sobre el económico a la hora de planificar la vuelta a las aulas
Podemos Villaquilambre quiere manifestar su apoyo al comunicado emitido por la Junta de
Personal Docente de Centros Públicos No Universitarios de León, en el que se explica que las
medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León para retomar las clases presenciales en el
próximo curso académico obedecen a un criterio economicista y a una aparente reticencia a
invertir en la educación pública frente al criterio del personal sanitario y los epidemiólogos.
Nos parece imprescindible que en los centros educativos se respeten las distancias de
seguridad y se produzca un desdoble de grupos en base a esa premisa. Evidentemente, para
poder llevar a cabo este desdoble es necesario aumentar el número de docentes, y creemos
que desde la Junta de Castilla y León se debe apostar por una ampliación contundente del
profesorado. Sin embargo, parece que sus planes son diferentes, pues pretenden que los
grupos sean de 25 alumnos, un número muy superior al recomendable según criterios
sanitarios y a los números que se manejan en otros países de nuestro entorno.
Resulta de especial interés preguntarse, como así lo hace la Junta de Personal Docente en su
comunicado, en qué piensa invertir la Consejería de Educación la parte que corresponda a
Castilla y León de la partida de 2.000 millones de euros para educación ya aprobados por el
gobierno central dentro del Fondo Covid-19. Consideramos que la finalidad de ese dinero
debería ser fortalecer la educación pública, dotando a nuestros centros públicos de más
profesoras y profesores y acondicionando los espacios necesarios para que las clases puedan
desarrollarse con la máxima seguridad en términos sanitarios.
Es necesario recordar que en Villaquilambre sufrimos especialmente la política de recortes que
la Junta de Castilla y León lleva aplicando desde hace décadas. Nuestro municipio cuenta con
tres colegios públicos y 3900 niños y niñas menores de 17 años; los recortes y la falta de
inversión por parte de la Junta afectan directamente a muchas familias de nuestros pueblos.
Por ello, es fundamental que se garantice que los niños y niñas podrán volver a las aulas con
seguridad, pues sería una irresponsabilidad que por primar criterios economicistas se pusiera
en riesgo la salud y la vida de los alumnos y alumnas y sus familias.
La nueva normalidad no puede ser una copia del modelo anterior. La pandemia nos ha
enseñado que la única vía para una reconstrucción exitosa es potenciar y blindar los servicios
públicos, como la sanidad y la educación. Al igual que la Junta de Personal Docente en su
comunicado, esperamos que la Junta de Castilla y León rectifique y trabaje para cambiar las
políticas de desmantelamiento de la educación pública que han sido su bandera durante años.
No es suficiente con frenar los recortes, se debe invertir de manera clara y contundente en la
educación pública. Hacer lo contrario será un error, no ya en términos económicos sino
sanitarios; y proteger la salud debería ser la prioridad de cualquier administración que sea
consciente de lo que hemos vivido en los últimos meses.
