GREENPEACE ADVIERTE A LOS AYUNTAMIENTOS DE CAMPO DE SAN PEDRO Y FRESNO DE CANTESPINO DEL ERROR QUE SUPONDRÍA SOLICITAR EL CEMENTERIO NUCLEAR
El cementerio nuclear y el centro de experimentación nuclear asociado supondrían un grave peligro para la salud pública y el medio ambiente
Ante las noticias aparecidas en algunos medios de información acerca de que los alcaldes segovianos de Campo de San Pedro y Fresno de Castespino (Segovia) están pensando en presentar su candidatura para albergar en sus municipios el cementerio nuclear de residuos radiactivos de todas las centrales nucleares españolas y el centro de experimentación nuclear asociado, Greenpeace desea advertir a los representantes municipales de esos pueblos del grave error que supondría dar ese paso, dado que estas instalaciones tendrán un impacto muy negativo para la salud pública y para el medio ambiente de toda la comarca.
Greenpeace manifiesta su rotunda oposición a la construcción de un cementerio nuclear centralizado, sea cual sea su denominación (Almacén Temporal Centralizado, ATC, u otras) y tipo de residuos radiactivos que fuera a albergar, por los problemas medioambientales y de salud publica que conllevaría.
Debido a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años, y su elevado potencial radiotóxico, la mera existencia de los residuos radiactivos de alta actividad (RR.AA.) supone un grave problema ambiental y de salud pública, y también económico, que la industria nuclear no ha sabido resolver durante sus 50 años de existencia. Tendrán que pasar 482.000 años para que el plutonio-239 que se encuentra en los RR.AA. deje de ser radiactivo, 34.000 años para el radio-226, 112.000 años en el caso del carbono-14, etc..
La generación de residuos radiactivos de alta actividad es un hecho técnicamente inevitable que está indisolublemente unido a la tecnología de fisión nuclear; es decir, que las centrales nucleares son las productoras de estos residuos.
Igualmente, la organización ecologista manifiesta su rechazo al denominado "Centro Tecnológico Asociado" al ATC, que no sería otra cosa que una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación, lo que implicaría tener que construir y albergar un reactor nuclear transmutador, instalaciones para el reprocesamiento y elaboración de elementos combustibles nucleares para ese reactor, con los riesgos de accidentes nucleares y escapes de radiactividad inherentes a su funcionamiento.
A estos riesgos habría que sumar los derivados de la presencia, manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior de la instalación ATC, así como los previos de los transportes de esos residuos radiactivos desde las centrales nucleares al ATC.
Greenpeace pide al Gobierno central que cualquier estrategia o plan de gestión de los residuos radiactivos quede supeditado a la previa consecución de un amplio y verdadero consenso social que incluya a las organizaciones de defensa del medio ambiente. Y que con carácter previo se apruebe y ponga en marcha un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares, dado que éstas son las productoras de estos peligrosos residuos.
El abandono de la energía nuclear y su sustitución por recursos energéticos limpios (energías renovables y programas de ahorro y eficiencia energética) es posible gracias al elevado potencial de éstos, y, además, esto es lo que desea la mayoría de los ciudadanos españoles.
Greenpeace considera además que el proceso iniciado por el Ministerio de Industria es antidemocrático y pone en evidencia la poca credibilidad del Gobierno, ya que mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce públicamente la necesidad de lograr un amplio y previo consenso social sobre la gestión de los residuos radiactivos para poder avanzar en la solución de este grave problema, el Ministerio de Industria hace todo lo contrario.
En efecto, Zapatero afirmó en el Congreso de los Diputados durante el Debate del Estado de la Nación del 30 de mayo de 2006 : "Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado".
Sin embargo, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, haciendo caso omiso de estas premisas, ha decidido poner en marcha el proceso de construcción del cementerio nuclear centralizado de residuos de alta actividad, prescindiendo de buscar y lograr ese amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, del consenso territorial y del consenso político que Zapatero establecía como fundamentales para poder avanzar en esta cuestión.
La estrategia del ministro Sebastián es la de tentar a los alcaldes con dinero público (de los fondos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir que algún municipio se ofrezca candidato a albergar el cementerio nuclear, sin importar si ese consistorio ha tenido en cuenta la opinión de la población de ese municipio, la de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad autónoma. Además de resultar poco ético, el Gobierno debe entender que tratar de resolver así un problema tan grave como el de los residuos radiactivos es muy poco democrático.
Un problema de primer orden de magnitud, desde el punto de vista social, medioambiental y económico, como el de los residuos radiactivos, no se puede resolver sin un previo consenso social y político. Para que ese consenso se logre deben estar incluidos todos los agentes interesados, incluidas las organizaciones ecologistas.
Greenpeace manifiesta su rotunda oposición a la construcción de un cementerio nuclear centralizado, sea cual sea su denominación (Almacén Temporal Centralizado, ATC, u otras) y tipo de residuos radiactivos que fuera a albergar, por los problemas medioambientales y de salud publica que conllevaría.
Debido a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años, y su elevado potencial radiotóxico, la mera existencia de los residuos radiactivos de alta actividad (RR.AA.) supone un grave problema ambiental y de salud pública, y también económico, que la industria nuclear no ha sabido resolver durante sus 50 años de existencia. Tendrán que pasar 482.000 años para que el plutonio-239 que se encuentra en los RR.AA. deje de ser radiactivo, 34.000 años para el radio-226, 112.000 años en el caso del carbono-14, etc..
La generación de residuos radiactivos de alta actividad es un hecho técnicamente inevitable que está indisolublemente unido a la tecnología de fisión nuclear; es decir, que las centrales nucleares son las productoras de estos residuos.
Igualmente, la organización ecologista manifiesta su rechazo al denominado "Centro Tecnológico Asociado" al ATC, que no sería otra cosa que una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación, lo que implicaría tener que construir y albergar un reactor nuclear transmutador, instalaciones para el reprocesamiento y elaboración de elementos combustibles nucleares para ese reactor, con los riesgos de accidentes nucleares y escapes de radiactividad inherentes a su funcionamiento.
A estos riesgos habría que sumar los derivados de la presencia, manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior de la instalación ATC, así como los previos de los transportes de esos residuos radiactivos desde las centrales nucleares al ATC.
Greenpeace pide al Gobierno central que cualquier estrategia o plan de gestión de los residuos radiactivos quede supeditado a la previa consecución de un amplio y verdadero consenso social que incluya a las organizaciones de defensa del medio ambiente. Y que con carácter previo se apruebe y ponga en marcha un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares, dado que éstas son las productoras de estos peligrosos residuos.
El abandono de la energía nuclear y su sustitución por recursos energéticos limpios (energías renovables y programas de ahorro y eficiencia energética) es posible gracias al elevado potencial de éstos, y, además, esto es lo que desea la mayoría de los ciudadanos españoles.
Greenpeace considera además que el proceso iniciado por el Ministerio de Industria es antidemocrático y pone en evidencia la poca credibilidad del Gobierno, ya que mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce públicamente la necesidad de lograr un amplio y previo consenso social sobre la gestión de los residuos radiactivos para poder avanzar en la solución de este grave problema, el Ministerio de Industria hace todo lo contrario.
En efecto, Zapatero afirmó en el Congreso de los Diputados durante el Debate del Estado de la Nación del 30 de mayo de 2006 : "Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado".
Sin embargo, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, haciendo caso omiso de estas premisas, ha decidido poner en marcha el proceso de construcción del cementerio nuclear centralizado de residuos de alta actividad, prescindiendo de buscar y lograr ese amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, del consenso territorial y del consenso político que Zapatero establecía como fundamentales para poder avanzar en esta cuestión.
La estrategia del ministro Sebastián es la de tentar a los alcaldes con dinero público (de los fondos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir que algún municipio se ofrezca candidato a albergar el cementerio nuclear, sin importar si ese consistorio ha tenido en cuenta la opinión de la población de ese municipio, la de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad autónoma. Además de resultar poco ético, el Gobierno debe entender que tratar de resolver así un problema tan grave como el de los residuos radiactivos es muy poco democrático.
Un problema de primer orden de magnitud, desde el punto de vista social, medioambiental y económico, como el de los residuos radiactivos, no se puede resolver sin un previo consenso social y político. Para que ese consenso se logre deben estar incluidos todos los agentes interesados, incluidas las organizaciones ecologistas.
FIN DEL COMUNICADO
