El 90% de los empleados públicos de la Junta percibe que la calidad de los servicios ha bajado

Más del 70% considera que se ha reducido el número de empleados en su servicio; y más de la mitad que la conciliación laboral y familiar se ha deteriorado.


El 90% de los empleados públicos de la Junta percibe que la calidad de los servicios ha bajado

CSI-F entregó este martes 24 a la viceconsejera de Función Pública y Modernización, Rocío Lucas, la encuesta de opinión ‘Estamos X Ti’, que han respondido casi 9.500 trabajadores de la Junta, con 12 preguntas en torno a su situación laboral. CSI-F también ha presentado un paquete de propuestas a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, para incluirlas en la campaña comprometida por la Junta de dignificación del empleado público.

El 90% de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León tiene la percepción de que la calidad de los servicios públicos en los que trabaja ha empeorado, desde que en 2010 se intensificaran las medidas de recortes económicos, ajustes o reorganización, tomadas por la administración por la crisis económica. Además, ese mismo porcentaje de empleados, un 90%, cree que tiene más carga de trabajo, o que ha sufrido la pérdida de derechos laborales.

Así lo señala –con rotundidad- la encuesta de opinión ‘Estamos X Ti’ que ha realizado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), a los empleados de la Junta de Castilla y León, en los ámbitos de Administración General, Sanidad y Educación. Más del 70% de estos trabajadores cree que se ha reducido el número de empleados en su servicio; y más de la mitad considera que la conciliación familiar y laboral se ha deteriorado, o que su salud se ve afectada. En cuanto a la actividad sindical, más de un 60% de los encuestados piensa que las organizaciones sindicales no han sabido defender adecuadamente sus derechos e intereses, frente a los recortes salariales y el deterioro de las condiciones laborales.

Esta encuesta de opinión forma parte de la campaña por la dignificación del empleado público que, desde hace unos meses, mantiene la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Los resultados de las respuestas servirán, a la organización sindical independiente, “para reiterar la necesidad de dignificar el trabajo del empleado público, y de recuperar unos derechos y unas condiciones laborales injustamente arrebatadas, al culpabilizar y responsabilizar los políticos al empleado público de una crisis y de una coyuntura económica, de

la que sólo hemos sido una víctima más”, considera el presidente autonómico de CSI-F, Carlos Hernando.

La presentación de la encuesta coincide con la entrega a la Junta, por parte de la organización sindical independiente, de un paquete de propuestas para dignificar la imagen del empleado público. CSI-F presentó estas prepuestas el viernes, en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, con motivo de la celebración de la reunión del grupo de trabajo ‘Dignificación del Empleado Público’.

La Junta de Castilla y León, durante la negociación del acuerdo para el pago de la parte devengada de la paga de Navidad suprimida en 2012, se comprometió a llevar a cabo una serie de iniciativas complementarias, como es la de tomar medidas encaminadas a dignificar la imagen y el trabajo de los empleados públicos.

CSI-F plantea a la administración regional cuestiones como la aprobación de un declaración institucional en defensa del empleado público; campañas publicitarias sobre el papel de servidor a la sociedad del empleado público; un manual de buenas prácticas; una campaña de visitas de los altos cargos a los diferentes centros de trabajo, para mantener un contacto más cercano con los trabajadores; unas jornadas de puertas abiertas con diversas actividades, para acercar los servicios públicos al ciudadano; o la convocatoria del Premio Solidario Empleado Público, para poner en valor el papel de los servicios públicos en la sociedad.

La encuesta de opinión ‘Estamos X Ti’ pretende ser una aportación más a la tarea de dar a conocer, al conjunto de la sociedad, el trabajo del empleado público que, “en muchas ocasiones realizamos en unas condiciones con limitaciones y escasos recursos, que los ciudadanos deben saber, para comprender mejor a los empleados, que también queremos el mejor servicio público posible, porque los propios empleados también somos ciudadanos y usamos esos mismos servicios”, ha señalado el presidente autonómico de CSI-F, Carlos Hernando.

El cuestionario de CSI-F, de 12 preguntas, se remitió a los trabajadores de los sectores de Administración Regional, Sanidad y Educación de la Junta de Castilla y León, en las nueve provincias de la Comunidad, para conocer -de primera mano- su valoración de la situación laboral, y la calidad percibida del servicio que prestan. Las encuestas se realizaron entre los días 1 y 25 de abril de 2014; y las preguntas planteadas se refieren al periodo comprendido entre el año 2010 y la fecha final del plazo de realización de la encuesta, un tiempo lo suficientemente amplio para que las opiniones del encuestado no estén condicionadas por cuestiones puntuales.

Aunque la encuesta es la misma para los tres sectores de la Junta de Castilla y León, cada ámbito tiene sus propias peculiaridades. Por ello, el análisis de los 9.426 formularios contestados se ha hecho por separado. En este sentido, CSI-F agradece “la colaboración de estos miles empleados públicos que han cumplimentado el cuestionario, y que han permitido elaborar las conclusiones de este trabajo. Un número de respuestas que supone una muestra aleatoria representativa de los 86.000 trabajadores públicos de la administración regional, que se debe tener en cuenta”. El análisis de las respuestas tiene ámbito regional, no está provincializado.

CSI·F lamenta que la actual crisis económica y los recortes económicos hayan servido de excusa para castigar al colectivo de los empleados públicos, con la supresión de derechos, deterioro de las condiciones laborales, disminución de plantillas o reducción salarial; aspectos que, para la organización sindical, repercuten en la pérdida de calidad de los servicios públicos.

Por el contrario, la Administración ha reiterado en los diferentes foros y mesas de negociación en los que ha coincidido con CSI·F, que los ajustes realizados no han afectado a la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, ni sustancialmente a las condiciones laborales de sus trabajadores.

Puesto que no hay una auditoría interna que corrobore ni desmienta estas circunstancias, CSI·F ha querido dar voz a los empleados públicos, para conocer su opinión y valoración, ya que son los que realmente conocen la realidad, y los que –día a día- hacen posible que Castilla y León ‘funcione’. CSI-F insiste en que “si los gobiernos, tanto nacional como autonómico indican que se ha salido de la crisis, es el momento de derogar los recortes que se han ido implementando durante estos últimos años, y devolver a los empleados públicos los derechos y condiciones que tenían antes de la crisis”.

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO Y RESPUESTAS OBTENIDAS (TOMADAS DEL DOCUMENTO DE LA ENCUESTA QUE SE ADJUNTA)

1. ¿HA DISMINUIDO EL NÚMERO DE PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL SERVICIO?

El 71% de los trabajadores de la administración regional de la Junta (AGCyL), que han respondido el cuestionario, creen que el número de empleados se han reducido. Porcentaje que en el caso de las respuestas de los empleados de Sanidad llega al 72%, y en Educación al 84%. La reducción de profesionales genera un aumento de las listas de espera, en Sanidad; y un mayor número de profesores interinos en Educación, donde también se nota el incremento de horas lectivas.

2. ¿SE HAN CUBIERTO LAS BAJAS LABORALES Y JUBILACIONES?

Prácticamente, el 50 % de los encuestados de AGCyL afirma que no se han cubierto las bajas laborales y las jubilaciones. En Sanidad, el 28% considera que no se han cubierto nunca, y el 40% casi nunca. En Educación sí se han cubierto esas bajas, en su mayoría. La encuesta no refleja la demora de esas sustituciones, que según los empleados se alargan excesivamente.

3. ¿LAS NECESIDADES DE MATERIAL Y/O EQUIPOS DE TRABAJO (INCLUIDO EL MATERIAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) HAN ESTADO CUBIERTAS?

A CSI-F le preocupa que más de un 11% de los encuestados de AGCyL afirme que no tiene cubiertas las necesidades de material, equipos de trabajo (incluido riesgos laborales), así como el retraso con el que se entrega la reposición de ese material, según aseguran los trabajadores. Sobre todo si es material de prevención de riesgos laborales, que afecta a la

seguridad y salud de los trabajadores, o ropa de trabajo, que afecta a la dignidad del empleado. Las actas del Comité Intercentros de Seguridad y Salud son el ejemplo vivo de esas reclamaciones por los retrasos de entrega.

En el sector de Sanidad, sólo el 8,81% de los encuestados dice que se han tenido cubiertas las necesidades de material. Una percepción de los profesionales grave, ya que se está hablando de salud, de la de los ciudadanos a los que no se trata con todos los medios y la propia, ante la falta de material que sirva de barrera contra contagios. Finalmente, en Educación, un 37% dice que nunca o casi nunca se han cubierto sus necesidades de material. Además, muchos docentes, sobre todo de Enseñanzas Medias, critican que sus equipamientos son obsoletos (laboratorios, ordenadores, bibliotecas…)

4. LAS MEDIDAS DE REORGANIZACION Y/O RECORTES ¿HAN AUMENTADO SU CARGA DEL TRABAJO?

En los encuestados de AGCyL, el 65,5% dice que sí ha aumentado la carga de trabajo. En Sanidad y Educación la respuesta afirmativa es mucho más contundente, con un 89% en Sanidad y un 90% en Educación. Esta percepción tiene mucho que ver con la reducción de personal, la no sustitución de vacantes en los servicios, por jubilación u otros motivos y la tardanza en cubrir las bajas laborales.

5.¿ESTÁN AFECTANDO A LAS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO?

Entre los empleados de AGCyL, un 40,5% señalan que sí afectan a las relaciones con sus compañeros, los problemas derivados de los recortes y las reorganizaciones. Este porcentaje se eleva al 73% en el caso de Sanidad, y un 57% entre los empleados de Educación.

6. ¿HAN AFECTADO A SU SALUD?

En los empleados de AGCyL, el 40% de los encuestados dicen que sí les afecta, en Sanidad el 68% y en Educación un 53%.

7. ¿ESTÁN AFECTANDO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR?

La mitad de los encuestados de los empleados de AGCyL afirma que sí afecta a la conciliacion. El aumento de la jornada laboral ha perjudicado la conciliación, sin que haya una demostración clara de un aumento de la productividad, y de los beneficios reales de ese aumento de jornada. En los trabajadores de Sanidad el porcentaje sube al 77% y en Educación es del 72%.

8. ¿CREE QUE AFECTAN A LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE RECIBE EL CIUDADANO?

Los resultados reflejan que en mayor o menor medida los ciudadanos están viéndose afectados por la calidad del servicio. Sólo un 4,95% de los empleados de AGCyL indican que la calidad del servicio no se ha visto afectada, en Sanidad sólo el 9% y en Educación el 20%.

9. ¿LA ACTUACIÓN DE LAS CENTRALES SINDICALES, CREE QUE ESTÁ SIENDO ADECUADA EN LA ACTUAL SITUACIÓN?

Un 63 % de los empleados de AGCyL, el 64% en Sanidad y un 62% en Educación consideran que la actuación de los sindicatos no ha sido la adecuada, para defender sus intereses. Efectivamente, cuando a los trabajadores públicos se les ha quitado sus derechos, y se les ha cambiado las condiciones laborales a golpe de Real Decreto –Ley, es decir, sin audiencia, sin negociación y sin capacidad de recurso, no pueden estar contentos. CSI-F ha tomado buena cuenta de esta valoración, y seguirá impulsando la defensa de las condiciones laborales y la dignidad del empleado público.

10. CITA TRES REIVINDICACIONES QUE CONSIDERES QUE DEBERÍAN SER ABORDADAS PRIORITARIAMENTE EN LAS NEGOCIACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

AGCYL: Los empleados encuestados se preguntan qué sentido tiene eliminar días de asuntos propios, canosos o de libre disposición, si el trabajo estará en la misma mesa tras la vuelta. Cuando un empleado de la administración general coge un día de asuntos propios, nadie le sustituye, cuando coge vacaciones, nadie le sustituye. Por tanto, cuando vuelva tendrá el trabajo acumulado. Por tanto, los días eliminados facilitaban la conciliación familiar y laboral, no hay ahorro en quitar los días.

La jornada laboral de 35 horas no es un beneficio gratuito, surgió de la imposibilidad de subir los salarios en razón del coste de la vida (IPC) como sucedía en todos los convenios de las empresas privadas. Ante la falta de interés en aumentar las retribuciones, reducir el horario sale gratis, más cuando la Ley de Procedimiento Administrativo Ley 30 /92 marca los plazos de la actividad administrativa. Por tanto lo que se hizo entonces fue aumentar la carga de trabajo. Ahora, reduciendo personal y aumentando las horas se vuelve a aumentar la carga de trabajo.

Llama la atención que en el cuarto puesto se encuentre la petición de que los concursos de traslados para funcionarios tengan periodicidad anual. Así lo establece la Ley 7/2005 de 24 de mayo de Función Pública, así se demanda de forma reiterada por parte de CSI•F, así se reconoce ante las denuncias de CSI•F por parte del Procurador del Común. ¿Por qué no se convocan anualmente? Es uno de los compromisos adoptados por la Junta de Castilla y León que pedimos que no quede en papel mojado. El sistema reduciría la necesidad de “mendigar” una comisión de servicio como única manera de conseguir ubicarse en el lugar deseado y conciliar su vida laboral y familiar.

La revisión y adecuación de las relaciones de puestos de trabajo, también es una asignatura pendiente de la Administración. La carrera profesional, iniciada en algunos sectores (falta de igualdad de los empleados públicos) y no contemplada para otros, ya figuraba en el

Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y sería importante su implantación como forma de dignificación de la figura del empleado público y como reconocimiento a su esfuerzo.

También se pide acabar con la privatización de los servicios públicos y la aparición de la administración paralela. La Administración Pública tiene unas funciones que debe cumplir y está sujeta a unos controles, garantías y obligaciones que aseguran un buen servicio al ciudadano. Las empresas públicas deberán tener su objetivo, que nunca será el de apropiarse de las competencias de la Administración Pública.

Sanidad: La mejora retributiva ocupa el primer lugar de la reivindicación, entre los empleados de Sanidad. Se ve como un ataque a la dignidad no ya la congelación del sueldo, año tras año, sino la rebaja del mismo. La jornada laboral de 35 horas fue la respuesta de la Administración a muchos años sin subidas salariales, no fue la solución ideal pero fue la mejor solución consensuada con los sindicatos. Por eso critican el incremento de horario, sin compensación económica. En tercer lugar figura la petición de cubrir las bajas laborales e incrementar el personal. Se pide que la convocatoria de oposiciones sea inmediata.

La reclamación de los concursos, que de oficio deberían salir, está entre las principales demandas, y por supuesto, reactivar la carrera profesional.

Educación: La primera reivindicación es la recuperación de las retribuciones económicas. Seguidamente está el apoyo a la enseñanza pública, frente al aumento de conciertos educativos. Que el colectivo educativo coloque en segundo lugar, por encima del resto de reivindicaciones, la defensa del sistema público es un buen indicativo del nivel de compromiso de los mismos.

En tercer lugar figuran las bajas, que se cubran inmediatamente, pues cada día de retraso influye decisivamente en el funcionamiento del centro, y en la calidad de la enseñanza; y que las bajas no se penalicen económicamente. Parece que se ha criminalizado estar enfermo, que ya no se tiene derecho, que regalaban las bajas y detraer parte del sueldo es una medida contra el absentismo. La profesionalidad tanto de los profesionales, como de aquellos médicos que cursan las bajas, debe quedar fuera de toda duda. Existen mecanismos para vigilar las bajas, las inspecciones médicas.

11. ¿CREE QUE SE HA APROVECHADO LA ACTUAL COYUNTURA SOCIAL Y ECONÓMICA PARA SUPRIMIR DERECHOS LABORALES?

El 92% de los encuestados de AGCyL, el 93% de Sanidad y el 96% de Educación afirman que sí.

12. ¿LOS DERECHOS LABORALES SUPRIMIDOS SON NECESARIOS PARA SALIR DE LA ACTUAL CRISIS?

El 64% de los encuestados de AGCyL, más de la mitad de Sanidad, y un 47% en Educación creen que no habría sido necesario suprimir la supresión de retribuciones, condiciones y derechos a los empleados públicos, para colaborar en la salida de la actual crisis.