STOP Desahucios León denuncia la violación de derechos humanos fundamentales
La Plataforma STOP Desahucios León comunica que este miércoles 1 de octubre a partir de las 10:00 horas distintos miembros de dicha plataforma ciudadana acudirán a los Juzgados de León a presentar una solicitud escrita individual dirigida al Juez Decano en el marco de una campaña estatal de denuncia por la violación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a una vivienda digna y los derechos de la infancia, como consecuencia de los desahucios, y para pedir que se suspendan todos los desahucios de personas y familias en riesgo de exclusión social y se aplique con todos los efectos la última sentencia del TJUE relativa a desahucios que permite apelar la resolución del juez en un proceso de ejecución hipotecaria cuando haya cláusulas abusivas si el juez no lo hace de oficio.
Todo lo que se pedirá viene descrito en el comunicado de prensa adjunto.
STOP Desahucios León hace un llamamiento a toda la ciudadanía para implicarse en la lucha contra los desahucios y por el derecho a una vivienda digna. En León, en estos momentos hay dos familias en riesgo de exclusión social amenazadas de desahucio inminente, una por hipoteca y otra por alquiler. Esto es una injusticia intolerable. Los poderes públicos, Junta de Castilla y León sobre todo, son responsables directos de esta situación dramática al negarse constantemente a dar una solución y poner los medios adecuados para proteger a estas familias y evitar su desahucio, o proporcionarles un alquiler social, por culpa de la incompetencia de unos políticos que se escudan tras una burocracia lenta e ineficiente.
ESCRITO
El Gobierno se vuelve a burlar de las personas afectadas por las hipotecas y modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil de tapadillo, beneficiando de nuevo a las entidades bancarias.
En marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un varapalo a la normativa sobre ejecuciones hipotecarias del Estado español, confirmando la ilegalidad del procedimiento.
A pesar de la enorme presión ciudadana con diferentes campañas, el PP promulgó en solitario la Ley 1/2013. que ha resultado ser otro parche en la Ley Hipotecaria. El pasado mes de julio el Tribunal de Justicia de la UE volvió a denunciar que la ley sigue dejando en inferioridad de condiciones al hipotecado frente al banco, dado que cuando el juzgado desestimaba la oposición por cláusulas abusivas, el hipotecado no tenía posibilidad de recurrir en 2º instancia, mientras que las entidades financieras sí tenían posibilidad de acudir a una 2º instancia. Por todo ello, el TJUE ha obligado a España a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual se reformó mediante el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.
Frente a este nuevo varapalo para el Gobierno, la respuesta del mismo ha sido poner un plazo de solo 30 días desde el 7 de septiembre para recurrir en apelación aquellos casos en los que no se hubieran visto reconocidas las cláusulas abusivas de sus contratos hipotecarios.
Esto lo ha realizado de tapadillo, mediante una nota publicada en el BOE el sábado 6 de septiembre de 2014, es decir, a hurtadillas, y otorgando tan solo un mes para que estos afectados puedan recurrir en apelación el auto del juez.
Sorprende mucho que la modificación se haya hecho mediante una norma relativa a legislación concursal, y encima en sus disposiciones finales -pues la legislación concursal no tiene nada que ver con cuestiones hipotecarias-, debiendo además los ejecutados darse por notificados desde la publicación en el BOE de la misma (domingo 7 de septiembre) sin que medie notificación procesal alguna. Debemos recordar que el establecimiento de plazos preclusivos en el ejercicio de derechos de los consumidores es contrario a la doctrina del TJUE. No podemos olvidar tampoco que la sentencia del TJUE es demoledora al respecto, puesto que reconoce la violación de derechos fundamentales.
De acuerdo con la normativa española, la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de defensa supone la nulidad radical de la resolución judicial, nulidad que debe ser contemplada de oficio por el juzgador como garante del proceso.
Sin embargo, de la norma mencionada están excluidas las personas que han perdido su vivienda y que ya han sido desahuciadas, algo absolutamente inconcebible. La exclusión de las personas que han sufrido de forma más dura la aplicación de una ley ilegal que viola derechos fundamentales es incomprensible desde cualquier punto de vista, además de ser inaplicable. En realidad, esta reforma a escondidas de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una burla más del Gobierno hacia las miles de personas que tienen problemas con la hipoteca y que se enfrentan judicialmente a las entidades bancarias debido a los abusos cometidos.
Debemos preguntarnos: ¿Por qué un gobierno promulga una ley que sigue dejando en indefensión a sus ciudadanos frente a los bancos? ¿Por qué un gobierno limita temporalmente a un mes el tiempo para recurrir judicialmente por cláusulas abusivas reconocidas como tales por la UE? Con sus actos,
el gobierno demuestra que no vela por los intereses de la población ni por los derechos de los consumidores, ni por el derecho a una vivienda digna, derechos fundamentales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución. Con sus actos, el Gobierno demuestra que, a la hora de legislar, se pone de parte de los bancos, culpables de la estafa hipotecaria y del crecimiento de la deuda pública por culpa de su rescate.
La plataforma ciudadana en defensa del derecho a la vivienda STOP Desahucios León, perteneciente a la PAH, exige que se hagan las modificaciones legales necesarias para que los hipotecados estafados se vean protegidos y para que se cumpla de manera efectiva el derecho universal de todo ciudadano a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. A este respecto, exige que, de forma inmediata, se elimine el plazo de apelación restrictivo de un mes, dejando un plazo indefinido para la apelación por cláusulas abusivas, y, a mayores, se declaren nulas todas las resoluciones judiciales que denegaron el derecho a recurrir en apelación por el motivo anteriormente expuesto.
Igualmente, exigimos que se haga efectivo el derecho a una vivienda digna y que se dejen de violar sistemáticamente los Derechos Humanos, puesto que no se cumple con la legalidad ni se velan por los intereses de la ciudadanía.
Porque no vamos a permitir que se rían más de todos los ciudadanos y ciudadanas:
¡Sí se puede!
STOP Desahucios León.
