MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA REGIÓN LEONESA

Carta abierta al Presidente Sánchez en su visita a León el 26 de octubre de 2025.

Los datos demográficos y económicos de las tres provincias de la Región Leonesa presentan las cifras más negativas del país. León Zamora y Salamanca son las tres únicas provincias que han seguido perdiendo población de manera constante en los últimos años y presentan al mayor nivel de envejecimiento del país, evolución demográfica que seguirá en los próximos años, según las previsiones el INE; tienen también la tasa de actividad económica más baja del país; y el nivel de desempleo en estas provincias es muy superior a la de las provincias castellanas de la CCAA de Castilla y León. Según los datos del tercer trimestre de la EPA, la provincia de León tiene la tasa de desempleo más alta de la Comunidad (10,95%) y la menor tasa de actividad económica (49,75%).

La provincia de León ha perdido 100.000 habitantes en los últimos 40 años y las presiones es que esa cantidad vuelva a perderse ya solo en la próxima década. La reducción natural de mano de obra en el campo y su casi desaparición en las zonas de montaña; el cierre de la minería sin que los fondos MINER hayan ayudado a crear empleo estable; la desaparición por absorción de la única entidad financiera de la región; o el abrupto cierre de las cuatro centrales térmicas de León sin alternativa laboral hasta la fecha, explican en parte esta situación. A esa falta o pérdida de tejido empresarial, se ha unido este pasado verano unos devastadores incendios forestales que han arrasado 140.000 hectáreas León y Zamora. Un panorama desolador que exige un paquete de medidas urgentes para sacar a esta provincia y región de una situación, unas medidas que materialicen aquí el principio de solidaridad y haga efectiva la cohesión territorial y convergencia con las regiones más desarrolladas del país.

La asociación León Propone solicitó en enero de año 2023, de los Gobiernos de España y Castilla y León un plan especial para remediar esta situación. Solo recibimos constancia de la recepción de la petición y el compromiso de su estudio. Ese plan no ha sido elaborado y la Junta de Castilla y León solo ha aprobado un plan a seis años para ‘La Raya’, pero con una dotación económica escasísima.

Con el objetivo de ayudar a corregir lo que es una auténtica “demotanasia” de esta región y contribuir también a tratar corregir el desequilibrio económico y demográfico de nuestro país, esta asociación ha elaborado una serie de propuestas técnicas que ha presentado en diferentes instituciones públicas, desde el

Parlamento Europeo, a los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica; al Senado de España, las Cortes de Castilla y León y varias Diputaciones. Relacionamos a continuación las mismas, cuyo desarrollo técnico ha sido remitido formalmente y recogemos en la web https://leonpropone.org/:

1. Retorno al territorio de los beneficios generados por plantas de generación de energía renovable y mayores garantías ambientales. Planteamos para ello recuperar el antiguo «canon energético» en favor de las Diputaciones Provinciales, a través de un porcentaje del IVA o, si se reimplantase, del impuesto a las empresas energéticas. También proponemos reservar espacio suficiente en las redes de transporte y distribución para actividades económicas electro intensivas en las provincias productoras, incluidas las comunidades de regantes. En cuento a las garantías ambientales, es necesario asegurar la restauración de los terrenos que albergan las plantas de generación renovable, creando para ello un específico «fondo de restauración» comunitario o al menos nacional; concretar el grado de restauración de los terrenos; y garantizar la no instalación de macroplantas en zonas con protección ambiental o agrícola.

2. Establecer beneficios fiscales y sociales para las empresas cuya sede social y centros de trabajo estén en localidades de población inferior a 3.000 habitantes. Una reducción significativa en el impuesto de sociedades y bonificaciones en las cotizaciones sociales por los trabajadores de las mismas que residen en pueblos también de población inferior a ese número de habitantes, beneficios mayores cuanto menor sea la población. Estas ayudas deben extenderse a las localidades con población superior pero que presenten unas pérdidas continuadas de población en los últimos 10 años.

3. Equiparar la presión de la inspección fiscal y laboral en todo el territorio nacional, mediante la superación del reparto de las inspecciones por los inspectores de la AEAT y de Trabajo por Comunidades Autónomos. El actual sistema hace que las empresas con domicilio en CCAA con menos sociedades, tengan un número de inspecciones muy superior a las radicas en Comunidades con mayor nivel de industrialización. La tensión y el esfuerzo en personal para atender esas inspecciones, más que el propio resultado de las mismas, desincentiva la implantación de empresas en los territorios con mayor número de controles y provoca el cambio de domicilio de empresas hacia Comunidades con menos inspecciones por tener más empresas.

4. Modificación del sistema de financiación de las entidades locales, en especial de las Diputaciones provinciales; además, prever para éstas

competencia expresa para el desarrollo de políticas de lucha contra la despoblación. Los fondos que reciben de las entidades locales por participación en los ingresos del Estado, no pueden depender mayoritariamente de la población, sino de las competencias y servicios que han de atender; tampoco la participación en tributos del Estado puede vincularse exclusivamente a los que se generen en cada territorio. Este sistema sobre financia a las provincias y municipios con mayor población y perjudica a las menos pobladas y con menor nivel de rentas.

5. Superar el mapa autonómico en la configuración de regiones (NUT 2) a los efectos de porcentaje de financiación de proyectos con fondos europeos y/o zonas de «Inversión Territorial Integrada» (ITI) entre provincias de diferentes Comunidades Autónomas. En varias CCAA hay provincias con niveles de renta y población muy dispares, viéndose perjudicadas las más ‘pobres’ por la situación socioeconómica de las más “ricas”. Eso supone una pérdida de cofinanciación comunitaria para los proyectos que se ejecuten con subvención europea del 25%, reducción de financiación que podría así limitarse a las provincias con mayor renta bruta per cápita.

6. Implantar un sistema de análisis de riesgos de incendios forestales de ámbito nacional y desarrollar un sistema de drones para detección y actuación inmediata ante emergencias, integrado en la UME. Las condiciones meteorológicas extremas cada vez más frecuentes y el abandono rural, facilitan el desarrollo y propagación de incendios extremos. Estas condiciones y su evolución pueden predecirse con antelación mediante sistemas informáticos ya testados. Esa detección ha de completarse con un Sistema Nacional de Drones de Emergencias que permitan, junto con sistemas de vigilancia por satélite, la detección temprana de incendios, una primera intervención rápida, la cobertura de telecomunicaciones de emergencia y el soporte a los servicios de tierra. Todo ello integrado en un sistema nacional de emergencias con una dirección profesional y nacional que garantice una mayor agilidad y eficacia en la toma de decisiones y en las intervenciones.

7. Priorizar las inversiones en infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias del oeste de España. Para el desarrollo económico de una región es esencial un sistema de comunicaciones y transportes eficiente, además unas telecomunicaciones propias del siglo XXI. El sistema radial de comunicaciones terrestres y la concentración y prioridad de la mayoría de inversiones aeroportuarias y ferroviarias en Madrid, Mediterráneo y País Vasco, relega constantemente las inversiones imprescindibles para vertebrar las provincias del oeste del país, desde Lugo y Asturias hasta Cádiz y Huelva.

Muchas de esas infraestructuras o ya existieron y se clausuraron por una supuesta falta de rentabilidad, como la vía férrea de la plata; o son constantemente postergadas, como las autovías entre Zamora la frontera portuguesa, León Valladolid o Ponferrada Ourense, o la mejora de la línea férrea entre León y Galicia. Y podríamos citar muchas inversiones que ya existían en la provincia de León y fueron desmanteladas con la promesa de su mejora, como el Parador de Riaño; la llegada del tren de vía estrecha al centro de León; la segunda fase del Parador de San Marcos, del Palacio de Congresos y del INCIBE; o la rehabilitación del Teatro Emperador; o inversiones comprometidas y nunca ejecutadas, como el acceso al aeropuerto de La Virgen desde la N-120, la autovía entre El Bierzo y Asturias o el Parador de Villablino.

Somos conscientes de que la ejecución de algunas de esas medidas requiere cambios normativos y consignación presupuestaria difíciles de lograr en la actual situación de fragmentación parlamentaria, pero deberían incluirse en las previsiones del Gobierno; otras son perfectamente materializables de manera casi inmediata, por no necesitar modificaciones de leyes, requerir pequeñas inversiones o ser posible contar con dotación en unos presupuestos prorrogados.

Confiamos Sr. Presidente, que las tres visitas que ha realizado en León en el último mes sean señal de un compromiso real con esta provincia, paradigma de la España que se despuebla y desindustrializa, y que pongan de manera inmediata en marcha actuaciones concretas que ayuden a revertir esta situación.

José Manuel Martínez Fernández, presidente de la asociación León Propone

LEÓN PROPONE es una asociación independiente y no alineada con ningún partido político, nacida de la sociedad civil leonesa con el objetivo de promover el progreso económico, demográfico, social y cultural de la España menos poblada, y en especial de la región leonesa, desde la lealtad al conjunto de España y el respeto al marco constitucional y a las instituciones del estado y de la Unión Europea.