MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES LOCALES
Ante la propuesta de reforma por parte del Gobierno de la Ley 7/1985 (Reguladora de las Bases del Régimen Local), en la tarde de ayer fue presentado públicamente el MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES LOCALES elaborando de manera conjunta por el Consejo Autonómico de Trabajo Social de Castilla y León, el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León y el Colegio Profesional de DD y LL en Cias. Políticas y Sociología de Castilla y León, como portavoces del criterio técnico de las y los profesionales que representan.
Este Anteproyecto de reforma del régimen local no supone un recorte más, sino que limita las competencias de los ayuntamientos hasta el punto de poner en riesgo el actual sistema de protección social en España y, con especial incidencia, en Castilla y León y, por ello, incrementará la desigualdad entre los sectores más frágiles y desfavorecidos de nuestra sociedad.
Estamos ante un ataque a los derechos individuales y colectivos que pone en peligro la cohesión social y territorial en España. La amenaza para los servicios sociales alcanza también al conjunto de los servicios personales que prestan los ayuntamientos, en materia de juventud, igualdad de oportunidades y apoyo a las víctimas de violencia de género, información a consumidores y usuarios, inserción laboral de colectivos con dificultades específicas en el mercado de trabajo y apoyo al autoempleo, entre otros, que necesitan una gestión de proximidad.
Se trata de un ataque frontal al modelo de servicios sociales construido durante la etapa democrática, que es fruto del consenso social, profesional y político. Un modelo en el que vienen cooperando eficazmente la administración local y autonómica, la iniciativa privada, las entidades sin ánimo de lucro y el voluntariado.
En consecuencia solicitamos la retirada del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, informado por el Consejo de Ministros, el 15 de febrero de 2013, así como el reconocimiento de la plena competencia municipal en materia de servicios sociales primarios o básicos, incluyendo las políticas de prevención, promoción e inclusión social, gestión de la dependencia, así como los servicios de promoción, dinamización comunitaria y voluntariado social.
La presentación de este MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES LOCALES es el inicio de una serie de actuaciones encaminadas a recabar apoyos a las propuestas planteadas. Queremos trasladar a la ciudadanía, a las organizaciones y movimientos sociales y a las instituciones nuestra preocupación y pedirles que se sumen a nuestro compromiso de defensa del sistema público de servicios sociales que, habiendo demostrado su eficacia, necesita consolidarse, perfeccionarse y en un momento como el actual ampliar su cobertura para llegar a las nuevas necesidades sociales.
Las organizaciones profesionales referidas al margen, Consejo Autonómico de Trabajo Social de Castilla y León, el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León y el Colegio Profesional de DD y LL en Cias. Políticas y Sociología de Castilla y León, ante la propuesta de reforma de la Ley 7/1985 (Reguladora de las Bases del Régimen Local), como representantes del criterio técnico de las y los profesionales que representan, SOLICITAN se mantengan y no sean eliminadas las competencias municipales para “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”, recogidos en su punto K, artículo 25.
A tal fin se elabora de manera conjunta el siguiente
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES LOCALES
(Contra la amenaza para el sistema público de servicios sociales y otros servicio personales del proyecto de reforma local del Gobierno de España)
El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsado por el Gobierno de España, limita las competencias de los ayuntamientos y pone en riesgo el sistema público de servicios sociales de Castilla y León, bajo el único argumento de controlar gastos, precisamente en una situación de crisis económica y social.
La amenaza para los servicios sociales alcanza también al conjunto de los servicios personales que prestan los ayuntamientos, en materia de juventud, igualdad de oportunidades y apoyo a las víctimas de violencia de género, información a consumidores y usuarios, inserción laboral de colectivos con dificultades específicas en el mercado de trabajo y apoyo al autoempleo, entre otros.
Estos servicios, que en Europa son competencia de los Ayuntamientos, además de muchos otros, necesitan una gestión de proximidad y un conocimiento detallado de las necesidades sociales y del entorno vecinal y local en el que aparecen y en el que deben ser abordadas, y no mejoran su eficiencia con economías de escala.
Este Anteproyecto de reforma del régimen local no supone un recorte más, sino que pone en riesgo el sistema mismo de protección social en España y en Castilla y León y, por ello, incrementará el sufrimiento de los sectores más frágiles y desfavorecidos de nuestra sociedad. Estamos ante un ataque a los derechos individuales y colectivos que pone en peligro la cohesión social y territorial en España.
Con la excusa de la austeridad el Gobierno de España pone en cuestión los derechos sociales de la ciudadanía reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la legislación autonómica en materia de servicios sociales, propone una recentralización de competencias en las comunidades autónomas, en contra de lo que ocurre en Europa y de lo que necesitan los servicios sociales de proximidad, propugna una vuelta al asistencialismo más ramplón y busca la privatización de los servicios, señalando entre los objetivos del Anteproyecto “favorecer la iniciativa económica privada”.
La sola existencia de un calendario de traspaso de servicios públicos locales a las comunidades autónomas pone en riesgo desde este momento su calidad, la programación de inversiones y la toma de decisiones con efectos de medio y largo plazo, y no menos importante, un ataque al sistema democrático de elección de cargos públicos.
Además, la concentración de competencias en las diputaciones y las comunidades autónomas, que aleja gestión de la ciudadanía, facilita la privatización de servicios, alternativa a la que no se exige ningún control de eficiencia.
Se trata de un ataque frontal al modelo de servicios sociales construido durante la etapa democrática, que es fruto del consenso social, profesional y político. Un modelo en el que vienen cooperando eficazmente la administración local y autonómica, la iniciativa privada, las entidades sin ánimo de lucro y el voluntariado. El principio de una competencia una administración, ostentado en esta reforma, como se ve, no es más que un eslogan que no resiste el contraste con las políticas europeas ni con la realidad. En materia de servicios sociales hace siempre falta el esfuerzo y la colaboración de todos.
Si este anteproyecto se convierte en Ley, la sociedad española y de Castilla y León habrá perdido uno de sus más eficaces recursos para hacer frente a los riesgos que amenazan, hoy más que nunca, nuestras condiciones de vida y convivencia: Unos ayuntamientos capaces de afrontar y resolver sus problemas y haciéndose cargo de ellos ante otras administraciones cuando no puedan abordarlos por sí mismos.
Por otro lado la reducción a la mínima expresión de los servicios sociales y la supresión drástica otros servicios personales de proximidad, de titularidad local va a suponer el deterioro de las condiciones de trabajo de los profesionales de estos sectores en el ámbito local y una pérdida significativa de empleos en las entidades locales y en las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el sector social desde el ámbito local.
No se trata de una reforma sectorial, sino de la liquidación institucional de los ayuntamientos democráticos tal como los conocemos, de alejar la gestión pública de la ciudadanía y de poner coto a la participación ciudadana en los asuntos públicos, que tiene su máxima expresión en el ámbito local.
Pierde la democracia y pierde la ciudadanía y, en este caso, pierde más quién tiene más necesidades en materia de subsistencia, de promoción personal y social y de convivencia. En cualquier circunstancia esta reforma es una vuelta atrás en materia de derechos sociales y calidad democrática; en un entorno de expulsión generalizada del mercado de trabajo, creciente empobrecimiento, castigo a las clases medias e incremento de las desigualdades sociales y la exclusión social es, simplemente, una temeridad.
En consecuencia, el Consejo Autonómico de Trabajo Social de Castilla y León, el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León y el Colegio Profesional de DD y LL en Cias. Políticas y Sociología de Castilla y León, queremos trasladar a la ciudadanía, a las organizaciones y movimientos sociales y a las instituciones nuestra preocupación y pedirles que se sumen a nuestro compromiso de defensa del sistema público de servicios sociales que, habiendo demostrado su eficacia, necesita consolidarse, perfeccionarse y en un momento como el actual ampliar su cobertura para llegar a las nuevas necesidades sociales.
En consecuencia proponemos:
La retirada del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, informado por el Consejo de Ministros, el 15 de febrero de 2013.
El reconocimiento de la plena competencia municipal en materia de servicios sociales primarios o básicos, incluyendo las políticas de prevención, promoción e inclusión social, gestión de la dependencia, así como los servicios de promoción, dinamización comunitaria y voluntariado social.
Facilitar a los gobiernos locales recursos para que, desde la cercanía, puedan garantizar en la actual situación de “emergencia social” la atención a las necesidades básica de la población de su territorio.
El refuerzo de las competencias locales en materia de igualdad y de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género.
La consolidación de las competencias locales en materia de información y plena inserción social de la juventud.
El afianzamiento de las competencias locales en materia de planificación estratégica del desarrollo local, promoción de la actividad económica y el empleo, así como de políticas activas de formación e inserción laboral de los colectivos más excluidos del mercado de trabajo.
Mantener en el ámbito local las competencias de información y defensa a los consumidores y usuarios.
Reforzar la implicación municipal en la planificación de la atención primaria de salud y de la educación obligatoria, en la planificación y gestión de la educación de personas adultas así como la colaboración con el resto de los niveles de ambos servicios.
Desarrollar el sistema de competencias locales y de participación ciudadana en el ámbito local con plena aplicación de la Carta Europea de Autonomía Local.
Reconocer y potenciar el papel de las entidades locales del mundo rural en la garantía de la calidad de vida, el mantenimiento de la población, la defensa del territorio y la protección de medio ambiente y los recursos naturales.
Mejorar la financiación local para garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos locales en todo el territorio.
Reducir la temporalidad del empleo público local, derivada de la precariedad del modelo de financiación.
