Vecinos de Ponferrada afectados por las preferentes se reúnen con el despacho Soto Abogados para iniciar acciones legales
El letrado responsable del bufete, Pablo Soto, estima que entre un 40 y 45% de los preferentistas no aceptaron el acuerdo con Banco Ceiss
Ponferrada (León), 29 de enero de 2014.- Vecinos de Ponferrada afectados por las participaciones preferentes de las entidades bancarias se han reunido este miércoles con el despacho Soto Abogados, perteneciente a la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF), para informar sobre los servicios de este colectivo y poder iniciar acciones legales contra las cajas o bancos que les vendieron estos productos.
En concreto, en la reunión que ha tenido lugar en el Hotel Plaza de la ciudad, con un aforo de 200 personas, el letrado responsable de Soto Abogados, Pablo Soto, junto con representantes de APDEF, ha recogido información de los asistentes para, en los días siguientes, atenderlos de manera personalizada, ya que la principal premisa de la asociación es la "personalización y cercanía".
Según el abogado Pablo Soto, en Ponferrada “debido a la cercanía geográfica, hay perjudicados que compraron participaciones presentes y obligaciones subordinadas tanto a Banco Ceiss como a Nova Caixa Galicia”.
En este sentido, Soto ha aludido al acuerdo que sentó sobre la mesa el banco castellanoleonés con los afectados por sus productos en el que “ante notario, los clientes se comprometían a no emprender acciones judiciales y a cambio, si se daba un largo listado de premisas, recibirían parte del capital invertido en dinero y otra en acciones”. De este convenio, el letrado ponferradino ha estimado que “entre el 40 y 45% de los minoristas afectados no lo han suscrito”.
Por otro lado, Soto ha lamentado que un gran porcentaje de esos pequeños ahorradores que confiaron en la calidad del producto bancario, son personas de edad avanzada, por lo que ha tildado de “jugada desleal” este tipo de transacciones con las que las entidades “solo buscaban su propio beneficio, abusando de la confianza del ciudadano”.
A su vez, el responsable de Soto Abogados ha recordado que “hubo entidades bancarias que no se sumaron a este tipo de actividad”, ya que en el resto de países de la Unión Europea, vender estos paquetes a minoristas es una práctica prohibida.
De hecho, durante la reunión, en la que ha estado presente el presidente de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, Francesc García Rafanell, se ha informado a los asistentes sobre los tipos de productos que adquirieron y “bajo qué condiciones”, describiendo al detalle lo que significa ser poseedor de una participación preferente, un mecanismo de financiación de las entidades financieras, “sobre todo cajas”, que permitieron aumentar su capital y solvencia “a costa de los pequeños ahorradores”.
En cuanto a las obligaciones subordinadas, éstas significan un cambio en la garantía de cobro, ya que sitúan a su comprador en último lugar a la hora de cobrar el dinero invertido en caso de quiebra de la entidad.
Estas reuniones ya han tenido lugar en Valladolid, donde se presentaron más de 300 afectados y de los cuales, 130 ya han sido citados, en Zamora, Palencia, Oviedo, Ávila y Salamanca, para pasar después de Ponferrada a Jerez, Huelva, Córdoba, Santander, Burgos y Segovia, entre otros.
Sobre la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras
La APDEF nace en 2012 con el objetivo de "defender y proteger a los perjudicados por las posibles prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades financieras y aunar esfuerzos para que a los afectados se les devuelva su dinero invertido”, describe su presidente, Francesc García Rafanell.
Además, la labor de esta sociedad es conseguir su objetivo con costes muy ajustados, lo que se llama “abogacía social”, ya que, dependiendo siempre del capital invertido por los perjudicados, por una mínima cantidad que no llega a mil euros, el cliente tiene a su disposición la notaría, burofax, tasas, procurador y abogado.
Asimismo, la asociación cuenta con cerca de 20 bufetes asociados por toda España y debido a esta expansión por el territorio nacional, la APDEF ha presentado más de 1.100 demandas, con 350 en proceso y la resolución de cerca de 90 casos, con un 95% de éxito, pero con la convicción de que "el recurso irá a favor del afectado", ya que "existe una conciencia judicial por el atropello que se ha efectuado al pequeño ahorrador", denuncia García Rafanell.
