Contra la pobreza energética SL
Queridos amigos:
Estamos hartos de este tipo de noticias.
"Hoy hay 3 grados bajo cero. Marta no puede encender la calefacción porque no tiene dinero para arreglar su caldera estropeada".
"Virginia comparte cama con su hijo para que no se queje tanto del frío. Por la tarde, hay que acabar los deberes antes de las seis para no encender la luz".
La estufa que compró María José para su madre solo costó 20 euros. Pero.. ¿y si un día arde y se prende fuego a la casa...?".
Todos estos son casos reales con nombre ficticio. Hay demasiadas personas afectadas por la pobreza energética que no pueden permitirse encender la calefacción. Sin ir más lejos, la semana pasada murieron dos ancianos, que son el colectivo más vulnerable, puesto que son los que tienen más posibilidades de olvidarse de comprobar la buena combustión de braseros y catalípticas o de tener un accidente con las velas.
Por eso hoy, martes 12 de diciembre, a las diez y media numerosos activistas de las distintas PAHs de Castilla y León estaremos congelados de frío pero ardiendo de razones frente a Iberdrola, en la calle Las Fuentes.
LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH EXIGE QUE LA ENERGÍA SEA UN DERECHO GARANTIZADO
La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) señalizan hoy a las empresas suministradoras en municipios de todo el Estado, que en ausencia de una ley estatal que proteja a las familias, perpetran cortes indiscriminados de suministros básicos y fuerzan a las familias a acumular deudas impagables por tener acceso a agua, luz y gas. Una situación que sería revertida con la legislación de la Ley de Vivienda de la PAH: un texto de ley presentado a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que incluye medidas ya articuladas para poner fin a la pobreza energética y a los desahucios.
En los últimos 12 años el precio de la luz ha subido un 83%. Sólo en 2016, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa acumulaban un beneficio de más de 5.500 millones. Mientras hemos vivido en propia piel como las facturas no paraban de aumentar, nuestra renta familiar descendía. Y como resultado, hasta 5 millones de hogares sufrirán frío este invierno según datos de la Asociación de Ciencias Ambientales.
Datos a los que se suma el incendio de Alcorcón, provocado por el uso de velas ante la falta de luz, y que ocasiono la hospitalización de seis personas incluyendo tres menores de edad. También la muerte de Rosa, del municipio de Reus, que falleció en un incendio por utilizar velas debido a que Gas Natural le corto la luz. La pobreza energética mata, y existen soluciones para ponerle fin.
La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, impulsamos en Cataluña la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional. Una ley que incluye medidas vigentes que han paralizado más de 39.000 cortes de suministros. Por eso, la PAH ha presentado en el Congreso la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley para extender las medidas de la Ley 24/2015 a todo el Estado español. Porque una vivienda digna es un hogar con acceso a suministros. Porque la energía, el agua y la vivienda son derechos básicos que se implican, y que deben ser accesibles y asequibles para todas las familias.
Mientras luchamos por una ley estatal que de verdad nos proteja, el PP y el PSOE legislan el Bono Social eléctrico, que plantea descuentos del 25% al 40% de las facturas con unos baremos de renta muy bajos. Un parche que no da respuesta a las situaciones de pobreza energética que sufren un 11% de la población en el Estado español.
Y la protección que regula contra los cortes es ínfima, trasladando toda la responsabilidad a la Administración de que si no paga el 50% de las facturas, no se podrá proteger a las familias más vulnerables de los cortes de luz. Además, no incluye ninguna protección estatal contra los cortes de gas o de agua. De nuevo, en vez de apoyar medidas efectivas propuestas por las familias afectadas, el PP y el PSOE se aúnan para sacar adelante un parche, incapaz de dar respuesta a la emergencia, y que defiende los intereses de unas compañías -que cosechan millones de beneficios encareciendo las facturas- por encima de la ciudadanía.
Por si fuera poco, el gobierno del PP ha recurrido en noviembre, en pleno invierno, la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda y contra la pobreza energética. También ha bloqueado junto a Ciudadanos la ILP Madrileña contra la emergencia habitacional. Leyes autonómicas que contenían medidas para garantizar los suministros. El gobierno del PP se ha convertido en el brazo protector de las suministradoras. Y frente a esta situación, las familias afectadas exigimos una ley que nos proteja en todo el Estado español con medidas de sentido común:
- El Principio de Precaución, por el cual no se puedan cortar los suministros básicos a familias cuya vulnerabilidad haya sido acreditada por Servicios Sociales.
- La garantía de un Consumo Mínimo Vital de las familias a luz, agua y gas.
- La Tarifa Social, que implica que las suministradoras asuman el coste de las facturas que no pueda ser afrontada por las familias.
Con la Ley de Vivienda de la PAH, todos los grupos parlamentarios del Congreso tienen la oportunidad histórica de legislar medidas que co-responsabilicen a las suministradoras de poner recursos para solventar la emergencia que han provocado. Nosotras seguiremos reivindicando nuestras demandas hasta hacerlas realidad.
¡Exigimos agua, luz y techo!
#SuministrosGarantizados
