El PCE de León denuncia negligencias en las residencias geriátricas.
Tras la denuncia de un usuario a la residencia ORPEA LEÓN BUENDÍA II, el PCE de León manifiesta su apoyo a las personas afectadas y denuncia el estado de precariedad que se vive en los geriátricos.
Rubén Darío Marcos, secretario político, explica que recientemente ha llegado a conocimiento del partido el expediente del caso.
El pasado mes de agosto, un usuario de la residencia situada en León fue agredido por otra persona allí ingresada. La persona agredida tiene una discapacidad del 78% y el agresor es un paciente con alzhéimer que, además, no estaba correctamente medicado, hecho éste conocido por la dirección del centro.
El partido se hace eco y apoya la demanda familiar. Rubén Darío explica que este tipo de situaciones se dan por la falta de personal en los centros, como fórmula para reducir costes y aumentar los beneficios de las empresas, siempre con la complicidad de la Junta de Castilla y León, que recientemente ha cambiado su legislación para facilitar estos procesos.
El PCE de León quiere hacer una llamada de atención sobre la situación de estos centros tras la entrada en vigor de la nueva normativa de la Junta, que establece los ratios mínimos de profesionales en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior.
Este nuevo Reglamento ha sido impugnado por el sindicato SATSE precisamente por considerar estas modificaciones una precarización de las condiciones en los centros geriátricos. Este Decreto elimina la diferenciación entre dependientes y válidos, cuando no es lo mismo la atención sanitaria que precisan unos y otros: los primeros necesitan muchos más cuidados que los segundos, que generalmente ingresan en estas residencias por circunstancias sociales.
El PCE de León se une a las reivindicaciones del sindicato, dado que una correcta atención en estas circunstancias no es viable en residentes con Alzheimer y demencias, además de otros que no cuentan con una autonomía suficiente, y todo esto en una provincia cada vez más envejecida y necesitada de este tipo de servicios, donde las plazas públicas son claramente insuficientes.
La formación comunista apuesta por un aumento de centros públicos, pues “las actuales residencias son caras para la clase o obrera y mas con los salarios y la precariedad existente”, apuntan.
Según declaraciones de Rubén Darío, a la problemática creada por el nuevo reglamento, que perjudica claramente a las personas usuarias de estos servicios, se une la falta de colaboración del centro ORPEA II de León y de la Gerencia con la familia. La falta de información y la falta de transparencia han llevado a la familia a denunciar en el juzgado, así como a llevar el caso ante el Procurador del Común.
